Los problemas de la economía española son tantos que es difícil determinar cuáles son los principales, aunque hay un consenso generalizado en que el más dramático es el del #Paro y también en que uno de los más graves es el de la economía sumergida, el dinero negro que se escapa del control de la Hacienda Pública.

Para combatir la actividad ilegal y el dinero que no contribuye los Estados se dotan de las inspecciones de Hacienda y de Trabajo, cuya misión es perseguir y sancionar las actividades ilegales de los ciudadanos insolidarios y conseguir con ello aumentar la recaudación de las instituciones públicas, que los estados dispongan de más recursos para poder hacer frente a las necesidades de la sociedad.

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Sería, por tanto, razonable pensar que los inspectores deberían centrar su actividad, prioritariamente, en combatir las grandes bolsas de #Corrupción y fraude que, sin duda, hay en la sociedad española y, como se está demostrado últimamente cada vez más, más que en la sociedad, en las instituciones españolas. Sin embargo, hace ya tiempo que los inspectores de Hacieda vienen denunciando que les es imposible combatir a los grandes defraudadores del país, que no solo no tienen medios, sino que son dedicados por sus superiores a perseguir a los pequeños contribuyentes, principalmente los autónomos y las pequeñas y medianas empresas, precisamente las que, junto con los trabajadores asalariados, son ya los principales contribuyentes a la nación, pues las grandes empresas, las que tienen más posibilidades de defraudar, son también las que menos contribuyen.

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Esta crítica de los inspectores de Hacienda ya va siendo vieja y por desatendida, inútil. Hoy, además, se suma la crítica nueva de los inspectores de Trabajo. España tiene seis millones de parados, de ellos, solo el 30% cobran ya algún tipo de prestación. Cualquier cálculo a bote pronto de lo que esos parados que cobran pueden defraudar trabajando ilegalmente o haciendo chapuzas y lo que ese fraude puede suponer en el inmenso agujero negro de la economía sumergida española, nos indica que no puede ser ese uno de los principales problemas de las cuentas de España, más bien todo lo contrario.

Eso es lo que piensan los inspectores de Trabajo que hoy denuncian que, en vez de dedicarse a perseguir las verdaderas fuentes del fraude en España, están siendo obligados a perseguir a los parados que cobran prestación que, también dicen ellos, son bien pocos los que cometen la ilegalidad de trabajar y cobrar en negro a la vez que cobran el paro, no es muy probable que alguien se arriesgue a perder la prestación por cobrar "cuatro perras" en negro.

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Las principales causas de fraude en España, según estos inspectores, son los contratos precarios y parciales, los millones de horas que se trabajan en España sin cobrar ni cotizar, los millones de españoles que trabajan cobrando tarde, mal y nunca. Todo ello propiciado por la política economía y la reforma laboral del Gobierno que ha generalizado la pérdida de derechos laborales y la precarización del empleo. Millones serían los puestos de trabajo que se crearían y miles de millones los euros que se recaudarían si se combatiesen de verdad estas grandes bolsas de economía sumergida.

Pero no, en lugar de eso, se manda a los inspectores a ver si los que cobran el paro realizan algún trabajo además. Las directrices políticas que ordenan esas actuaciones son difíciles de explicar, o tal vez no, tal vez es que la política española no puede ser más cutre y corta de miras.  #Crisis