Últimamente se asiste en España a un continuo y diario goteo de noticias sobre casos de #Corrupción en nuestro país. Una práctica muy habitual en todas las administraciones del Estado, municipal, provincial, autonómico y nacional, al calor del boom inmobiliario y preferentemente en connivencia con recalificaciones urbanísticas, donde los tratos de favor y los porcentajes de comisiones eran una práctica habitual y han generado un enriquecimiento personal a costa del erario público por parte de todos los partidos políticos.

Esta lacra ha vuelto a realzar la imagen que se tiene de otros países, donde se ve al Sur de Europa como un coto de prácticas ilegales entre los dirigentes públicos.

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Y no es menos cierto que este lastre, unido a otros grandes desafíos de España como la economía sumergida y la evasión fiscal (cerca de un veinte por ciento del PIB), no hacen sino empeorar la situación económica estatal.

Pues bien, este sentimiento de impunidad hacia los dirigentes por parte de la población se sustenta con datos como las "casi 1.700 causas abiertas en sus diferentes órganos judiciales, más de 500 imputados en estos procedimientos y sólo una veintena cumpliendo condena en alguna de las cárceles". Precisamente una de las críticas recibidas por parte de la Asociación de Jueces y Magistrados es la reclamación de más personal y medios para investigar causas de corrupción.

¿Cómo afrontar dicha situación? Escuchando a Jesús Lizcano, Presidente de Transparencia Internacional España, una de las mejores vías para combatirlo, paralelamente a órganos reguladores independientes o el sistema judicial, radica en la transparencia.

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España se sitúa en el puesto 19 de los países de Europa en índice de transparencia. Si los gastos generados por viajes públicos o los créditos asumidos en tarjetas B por parte de un banco rescatado con dinero público no están fiscalizados por la ciudadanía, se estarán generando márgenes para actos ilícitos por parte de los gobernantes que han salido de las urnas.

Listas abiertas, publicación de cada uno de los gastos de cualquier organismo (político, sindical, judicial, empresarial,...) que tengan en sus arcas un euro de todos los ciudadanos, rotación de cargos públicos,...son solo algunas medidas que en muchos países de nuestro entorno ya se están aplicando y que, si bien no actúan directamente contra la corrupción, ejercen un papel de control de la ciudadanía sobre sus representantes.