Finalmente el Consejo de Ministros aprobó la semana pasada el decreto ley para el cierre de la plataforma marina de extracción de gas Castor ubicada frente a las costas de Vinarós, provincia de Castellón. En este decreto se establece también el fin de la concesión de dicha plataforma para su explotación a la empresa Escal (participada en un 66% por ACS) a los cuales se le reconocen oficialmente 1.350,7 millones de euros en concepto de indemnización.

El mencionado decreto ley encarga al Ministerio de Industria la prohibición de realizar extracción e inyección de gas alguna en la plataforma, así como a la empresa Enagás encarga el mantenimiento e hibernación de la planta hasta que se decida su desmantelamiento en el futuro.

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Para hacer frente a esta cantidad la empresa Enagas ha recurrido a un consorcio de varios bancos entre los cuales se encuentran el Santander, Bankia y La Caixa. Los bancos para cobrarse este préstamo gestionarían un cobro anual procedente, a partir de fines del mes de Abril de 2016, al cabo de 30 años en adelante. De acuerdo a esta negociación puede decirse que los más de 1350 millones de euros que cuesta el cierre de la Plataforma Castor serían pagados por todos los consumidores hasta mediados del año 2044, se entiende mediante un incremento de las tarifas oficiales. También queda pendiente otra posible compensación de la empresa Escal al Ministerio de Industria.

Recordemos que las actividades del Proyecto Castor para la extracción y el almacenamiento de gas, es decir las inyecciones de gases sobre las rocas subterráneas del fondo marino, causaron en septiembre de 2013 varios terremotos en la zona.

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Los temblores del suelo marino y en la costa generaron multitudinarias manifestaciones de rechazo en la población vecina afectada ( Vinarós, Sant Carles de la Rápita, Benicarló, Peñíscola).

Como si todo esto que venimos describiendo, es decir que un fracaso empresarial apoyado por el gobierno de turno - encima con riesgos ecológicos de importancia- termine siendo pagado por los contribuyentes no fuera ya demasiado, por su parte el Ministerio de Industria ha manifestado que "el cierre de la planta y su estado de hibernación supone un ahorro importante sobre el sistema gasista nacional de alrededor de los 100 millones de euros, mientras que si estuviera funcionando se gastaría más del doble, unos 210 millones de euros". Razonamiento absurdo si los hay, como si los contribuyentes fueran "tontos" y necesitaran de consuelo cuando reciban el aumento en su recibo del gas por un error que ni siquiera ellos cometieron.

Es más que obvio que una empresa cerrada siempre gastará menos que una abierta.

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El problema real sigue siendo el siguiente: Si "todos somos el estado", entonces ¿para quién gobierna el estado?, ¿para los ciudadanos o solo para los ciudadanos influyentes y empresarios? (Florentino Pérez, ACS).

Con el cierre de la Plataforma Castor sucede lo mismo que ya ha sucedido con el rescate a los bancos y a las cajas de ahorro en España; el problema es que cuando hay ganancias nunca se reparten entre los contribuyentes y ciudadanos, y cuando hay pérdidas, malos negocios, negocios sucios, corrupción, o directamente robo, lo terminan pagando siempre los mismos. Los malos negocios, los desajustes, se los terminan cobrando siempre a los ciudadanos con desempleo, congelación de salarios y cada vez más ajustes (salud, educación,etc) que atentan contra su calidad de vida llevándolos cada vez más rápido a la pobreza antes que al ascenso de clase. España no logra salir de la crisis económica porque la crisis ya no es un acontecimiento debido a un suceso puntual u oportuno, sino que se está convirtiendo en una "estructura" cada vez más difícil de solucionar. Castor no es más que otro fatal ejemplo.