La crisis ha generado numerosos debates en torno a la privatización, uno de los cuales resulta especialmente controvertido: ¿debemos ceder a grupos privados la gestión de la sanidad? O en otras palabras, ¿queremos que nuestra salud esté en manos del Estado o en manos de una empresa privada?¿En manos de alguien a quien hemos elegido voluntariamente, o en manos de un ente que nos ha sido impuesto sin ninguna garantía?

Me propongo defender que bajo ninguna circunstancia debemos permitir que esto suceda, en base a tres argumentos. El primero es que los intermediarios enturbian la garantía de la sanidad. La salud es un derecho que deriva de la dignidad de la persona, por lo que no se puede permitir un sistema que la convierta en una mercancía. El segundo es que la sanidad privatizada es más cara y de menor calidad, según numerosos estudios. Y el tercero es que la mercantilización de la sanidad no es más eficaz, solamente disfraza lacorrupción en el manejo de los fondos públicos y las burlas al interés general.

Lo cierto es que el hecho de añadir intermediarios a un servicio público solamente dificulta tener una visión clara y transparente del mismo. El Estado está para asegurar el buen desarrollo de los ciudadanos. ¿Pero qué mueve a una empresa privada? Los beneficios, ya sean económicos o de otra clase. Entonces, las personas dejan de ser usuarios y se convierten en clientes. Sus demandas pasan de ser atendidas en función de sus necesidades para pasar a ser satisfechas en función de sus bolsillos. Se crea una sanidad de ricos y una de pobres, determinada por el nivel de renta y el lugar donde se vive. Así lo explica Marciano Sánchez Bayle, pediatra, en un artículo publicado por la Revista de Economía crítica del 6 de enero de 2008.



En segundo lugar, la sanidad privatizada es más cara y de menor calidad. Cuando se pacta la gestión privada de un servicio, se establece un pago por la prestación de ese servicio. El problema es que el precio puede ser razonable en el momento pero probablemente no lo sea dentro de diez años, bien a la baja o al alza.


Finalmente, la cesión de la gestión es una burla contra los intereses generales y los fondos públicos. En aquellas situaciones en que la empresa concesionaria de una infraestructura es incapaz de hacer funcionar o mantener la infraestructura al precio pactado, el sector público ha rescatado el servicio, incurriendo en nuevos costes.

En base a estos tres argumentos expuestos considero que ceder la gestión de la sanidad es un riesgo inasumible en una situación en que cada vez están más recortados los derechos sociales. La sanidad en nuestro país a sido un modelo estudiado en otros países para implantar uno similar, así que mi recomendación es no modificar aquello que sí funciona existiendo tantas otras cosas que no lo hacen.