Las Naciones Unidas tienen como uno de sus principios rectores la doctrina de la responsabilidad de proteger por la que se obligan, previa autorización del Consejo de Seguridad, a intervenir en los conflictos con el objetivo de garantizar unos bienes mínimos a la población víctima de dichos conflictos y lograr el cumplimiento de los Derechos Humanos. Entre los numerosísimos ejemplos que podríamos citar, quizás uno de los más recordados es la guerra de Irak.

La configuración original de las Naciones Unidas establece que, para intervenir en un conflicto, es necesario que las partes implicadas en el conflicto soliciten su intervención. Esto es, que el Estado en el que existe el conflicto, como una guerra civil, solicite ayuda a Naciones Unidas. Este hecho se deriva del principio del respeto a la soberanía interna de cada Estado. Sin embargo, el reciente cambio en la configuración de los conflictos o las denominadas nuevas guerras se traducen en el hecho de que cada vez haya menos conflictos intraestatales y que estos sean más cruentos, victimizandose sistemáticamente a la población civil. Este hecho plantea una duda esencial en este debate, formulada especialmente por Kofi Annan: ¿quién es el titular real de la soberanía?

Tradicionalmente, se ha asumido que la soberanía es una facultad exclusiva del Estado. Sin embargo, en las constituciones democráticas se indica que el titular de la soberanía es el pueblo. En esta dualidad se enmarca la responsabilidad de proteger, ya que si se defiende el Estado como institución soberana, la intervención tendrá una dudosa legitimidad. Sin embargo, si el objeto de intervención es la defensa de la soberanía del pueblos, y por ello debemos entender sus derechos, especialmente los derechos fundamentales, se generará en la comunidad internacional una obligación de actuar en defensa de los mismos.

El planteamiento de la existencia de unos derechos humanos que deben ser defendidos a nivel internacional parece legítimo, siempre y cuando se este el fin último de cualquier intervención armada. Lamentablemente, la realidad parece demostrar que a nadie le importa que se vulneren derechos en territorios que no tienen algún interés para los interventores.