Tres elementos se disciernen como co-protagonistas en el escenario de la polémica del precio de la electricidad: el consumidor, el suministrador y la administración encargada de cobrar impuestos indirectos.La energía eléctrica por ser, un bien de primera necesidad de suministro ajeno, pasa por estar sometida a los rigores del un mercado que si bien, desde el punto de vista administrativo está legislado, desde el punto de vista útil es deficiente por exceso de coste para el consumidor último.

Liberalizar el consumo, ha supuesto para las empresas de energía un foco de competencia, motivo por el cual han debido según las leyes de mercado ajustar sus presupuestos para ser más competitivas.

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Esta circunstancia no ha derivado en un decrecimiento en el total del importe de la factura a la que los consumidores han de hacer frente si o si, bajo castigo de dejar de recibir los beneficios de un producto de primera necesidad. Aproximadamente la mitad del importe de la factura procede de la recaudación de impuestos indirectos por parte de la administración pública.

Estamos en un caso en el que el consumidor es tratado de forma déspota a no ser que, por un lado haga lo habido y por hacer actualizando el sistema eléctrico de sus hogares a las tecnologías de bajo consumo, o por el otro renuncie al suministro de electricidad apostando por un buen juego de velas y mantas de abrigo. Alimento, agua y luz son suministros básicos que deberían estar asegurados para las rentas bajas y medias.

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De que modo... Ese es el trabajo de la administración que debería tener en cuenta que cuando al pueblo le falta de lo básico las revueltas están aseguradas. Por otro lado, evitaríamos conflictos, aceptando el déficit del estado con respecto a las eléctricas y grabándolo en productos que no correspondan a las necesidades más básicas. También sería correcto reconsiderar las posibles soluciones que ofrecería la introducción de nueva legislación en base a la licitación del uso colectores eléctricos en fincas de uso privado o comunidades de vecinos con acuerdos de consumo adecuados a las necesidades de los residentes.

La factura de la luz es cara si tenemos en cuenta las posibilidades económicas promedio del país. Este hecho no es negable y la administración debería actuar en consecuencia para equilibrar no el consumo, sino su precio.