En Cuba las expresiones legales de cooperativas existieron desde la época colonial con normas dictadas por la metrópoli española. Desde ese entonces la realidad social exigió que se regularan normas de organización social y empresarial.

Aunque en la actualidad no se tenga evidencia de la documentación legal, investigadores como Avelino Fernández Peiso aseguran que también se establecieron en la neocolonia donde no fueron reconocidas a consecuencia del estatus sociopolítico y luego del triunfo revolucionario que no se asumieron por ser versiones del cooperativismo importado del desaparecido campo socialista.

En el Artículo 1 de la Ley de asociaciones de 1888 los legisladores españoles la ubicaron de forma genérica de "asociación", a pesar del pronunciamiento del Código de Comercio de 1886 de no incluirla como sujeto mercantil dado sus fines no lucrativos.

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La Constitución de la República de 1940, por su parte, en su artículo 75 estableció la necesidad de proveer al país de una Ley de Cooperativas para regular la definición y funcionamiento de tales empresas. Sin embargo no hubo respuestas, solo el acercamiento limitado al fenómeno.

Esta carencia de un marco legal se convirtió en secuela en el período inicial de la Revolución, donde se concibió como un modelo de administración.

Fernández Peiso explicó en el 2012 que "la política y los marcos legales vigentes en Cuba dirigen a la cooperativa hacia la disciplina administrativo-patrimonial de la economía empresarial estatal, creándola como patrimonio con personalidad jurídica y capacidad legal limitada por la voluntad autorizante." Esta concepción trata de acercarse, aunque con limitaciones, a la práctica internacional donde es vista como "una sociedad de personas".

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Los juristas destacan tres momentos esenciales en la evolución del marco jurídico en Cuba después de 1959: el primero, en el que proliferan incipientes formas de cooperativas de trabajo, servicios y consumo (cañeras, agrícolas, ganaderas, pesqueras, carboneras…); el segundo, en la década del 60, con el surgimiento de un activo movimiento década del 60, con el surgimiento de un activo movimiento asociativo de los campesinos privados que habían sido beneficiados por la Ley de Reforma Agraria (Asociación de Agricultores Pequeños, Brigadas de Ayuda Mutua, Cooperativas de Créditos y Servicios, Cooperativas de Producción Agropecuaria); y como un tercer momento, en la década del 90 en plena crisis nacional, con la creación de una nueva modalidad, las Unidades Básicas de Producción Cooperativa que se concibieron a partir del fraccionamiento de la propiedad agrícola estatal y fueron dirigidas por empresas estatales.

Estas son las razones que han exigido que en la actualidad el Gobierno cubano haya tomado la decisión de fomentar y promover cambios en la legislación de la institución jurídica cooperativa.

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Todavía esta modalidad se encuentra en experimentación: se precisan el significado, el contenido, el alcance y la aplicación del control estatal; y se le atribuyen a los socios la creación, organización, funcionamiento y gestión de la misma. Urge incluir una cuarta etapa en su evoluciónlegal y evaluar los resultados.