El #Gobierno ha descartado extender el caso del banco malo, que absorbió todos los activos tóxicos de las empresas financieras, y el rescate a las empresas de autopistas, a las que esencialmente libró de pagar las facturas, al caso de las energías renovables.

Durante los últimos años y bajo el abrigo de unas subvenciones que hacían viable una industria necesaria en este país, habían surgido miles de pequeñas empresas que se dedicaban a generar energía sostenible y duradera en el tiempo. Estas empresas tenían como único escollo la necesidad de absorber con sus pequeños ingresos el coste de la instalación. El Gobierno anterior creó para ellas una serie de ayudas que les permitieran llegar al momento en el que fueran económicamente viables y capaces de generar nueva industria con sus beneficios, ya libres del pesado lastre que genera la inversión inicial.

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Esta nueva industria no devolvería ese dinero, pero generaría otro nuevo y mejorado con los impuestos y puestos de trabajo que con los años entregaría a este país. Con los años esa promesa de ayuda quedó en nada y aquellos que apostaron por generar industria acabaron abandonados en los áridos desiertos en los que instalaron sus pequeñas plantas.

Evidentemente, lo que en principio fue un problema, con la llegada de las primeras suspensiones de pagos y quiebras se ha tornado en crisis. Muchos ahorradores decidieron entrar en el negocio bajo el aval de un Ejecutivo que ahora dice que no paga y sin considerar que un negocio como el eléctrico les podía costar sus patrimonios. Ahora muchos pequeños ahorradores se ven con el agua al cuello.

Desde Industria se manejan informes que afirman que la inversión mínima en energías fotovoltaicas fue de 100.000€, lo que nos haría pensar que aquellos que actualmente están encadenados a un panel solar son inversores con la suficiente capacidad de ahorro como para que sus posibles pérdidas no les ahoguen.

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Sin embargo existen muchos casos de ahorradores pequeños que invirtieron en empresas de nueva creación que, tras un periodo de obtención de capital de dichos ahorradores, realizaron la inversión final. Evidentemente en los informes solo figura esta última transacción con lo que cientos de pequeños capitales de algunos miles de euros de transforman mágicamente en un gran inversor con cientos de miles de euros en sus bolsillos.

Del mismo modo, Industria maneja informes que afirman que no resulta necesario el rescate tan imprescindible en el caso de bancos y autopistas. Según dichos informes la refinanciación de este sector puede ser llevado adelante por las propias empresas por medio de bancos y sin ningún tipo de intervención del sector público. Esto es cierto, ninguna industria es imposible de refinanciar con los suficientes avales y unas condiciones lo suficientemente beneficiosas para la entidad financiera que lo haga. Sin embargo no parece razonable que se pida este esfuerzo a las energías renovables y no a otras industrias más consolidadas a las que sí se ha rescatado.

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Para evitar males mayores, o que parezca que se desentienden, el Gobierno a pedido a la CNMV y al Banco de España que vigilen el proceso. Se supone que dichos organismos no permitirán nuevos excesos como el ladrillo, pero no olvidemos que estas son los organismos que vigilaban hace no mucho que no se produjese el propio exceso que vino con el ladrillo. En principio se quiere evitar que este proceso acabe con un embargo masivo por parte de las empresas financieras que después tengamos que asumir, nuevamente, los ciudadanos.

En ciertos círculos se habla de que bajo la suposición de que el Plan A pueda fallar, lo cual no es nada descabellado, el Gobierno tiene preparado un Plan B. Sería un fondo de rescate donde las empresas financieras podrían depositar sus activos, una vez transformada la deuda en capital propio, de aquellas empresas que consideren viables. Las demás, serán ejecutadas.